El Gobierno de España ha desplegado ya en Canarias 1.315 millones de euros de los fondos europeos para la recuperación

El Gobierno de España ha desplegado ya en Canarias 1.315 millones de euros de los fondos europeos para la recuperación

23/09/2022

Más del 92 % de esos fondos europeos, 1.210 millones de euros, se han transferido para la gestión directa por parte del Gobierno canario, la quinta Administración autonómica con un mayor volumen de fondos para gestionar


El Gobierno de España ha desplegado ya en Canarias 1.315 millones de euros en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por la Comisión Europea el 13 de julio de 2021.

Más del 92 % de esos fondos europeos, en concreto 1.210 millones de euros, se han transferido para la gestión directa por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, y adicionalmente se han asignado 630 millones de euros de los fondos REACT-EU para financiar el gasto necesario para responder a la crisis sanitaria por la Covid-19, fortalecer el estado del bienestar y reactivar la economía tras el impacto de la pandemia.

“En cinco meses, el Gobierno de España ha prácticamente duplicado el volumen de estos fondos europeos desplegados en el Archipiélago. Los datos, en este nuevo ejercicio de transparencia que hacemos, hablan por sí solos. Y la apuesta por la cogobernanza es clara, con más del 92 % de esos 1.315 millones de euros para la gestión por parte de la Comunidad Autónoma”, afirma el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

“La colaboración institucional entre el Gobierno central y el autonómico y la eficiencia en la gestión de este dinero ha permitido además que Canarias sea el quinto territorio con una mayor asignación de fondos para la gestión directa por parte de la Administración autonómica. No puede decirse que los fondos para reactivar el Archipiélago y avanzar hacia un modelo productivo eficiente y sostenible no estén llegando a nuestras islas”, añade.

Las más de 80 convocatorias lanzadas y resueltas en las Islas Canarias benefician ya a más de 740 participantes, de los cuales 475 son empresas y centros de investigación, 155 entidades locales y organismos públicos, 25 asociaciones y fundaciones y más de 80 particulares.

Además las empresas canarias pueden concurrir a las convocatorias lanzadas en el marco de los proyectos estratégicos (PERTEs) de Salud de Vanguardia, de Energía Renovable, Hidrógeno renovable y Almacenamiento (ERHA), del sector aeroespacial, de la cadena agroalimentaria y de digitalización del ciclo del agua.

Las Comunidades Autónomas juegan un papel clave en el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, por lo que se han transferido ya a los gobiernos autonómicos un total de 18.379 millones de euros, fundamentalmente a través de las 100 conferencias sectoriales celebradas, para la gestión y ejecución de inversiones en sus ámbitos de competencia en educación, formación profesional, vivienda social, rehabilitación de edificios, movilidad sostenible y cuidados, por citar algunos.

A estas inversiones y reformas hay que añadir la aprobación de 11 PERTE, habiéndose lanzado ya en España convocatorias por valor de 9.372 millones de euros, incluyendo 3.000 millones del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, 600 millones del PERTE de Salud de Vanguardia y 3.900 millones del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno renovable y almacenamiento.

Una ejecución a velocidad de crucero

En una comparecencia parlamentaria ayer, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, indicó que la ejecución del Plan de Recuperación ha alcanzado ya la velocidad de crucero, con más de 18.800 millones de euros en inversiones autorizadas hasta mitad de septiembre y más de 15.350 millones comprometidos en todo el país.

Nadia Calviño señaló que son ya más de 70.000 los proyectos que han resultado beneficiarios de las convocatorias y licitaciones de servicios y obras realizadas por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. La mayor parte de ellos (53.600), impulsados por empresas, entidades locales y centros tecnológicos y de investigación cuentan con financiación del Estado.

La ejecución del Plan se ha acelerado por parte de las administraciones, manteniendo un ritmo mensual de convocatorias de más de 2.000 millones de euros, con iniciativas tan importantes como el Kit Digital, los programas de movilidad verde MOVES, las inversiones en la renovación de equipamientos sanitarios del programa INVEAT, o las de implantación de conectividad en banda ancha al 100 % del territorio.

España lidera en la Unión Europea la implementación del Plan de Recuperación, siendo los primeros en recibir los dos primeros pagos, condicionados al cumplimiento de hitos y objetivos. De esta forma, España ha recibido más de 31.000 millones en transferencias.

El próximo desembolso, por importe de 6.000 millones de euros, estará condicionado al cumplimiento en el segundo semestre de 2022 de veinte reformas y nueve inversiones.

Adenda Plan de Recuperación

Adicionalmente, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, está trabajando en la elaboración de la Adenda al Plan de Recuperación, que incluirá nuevas reformas e inversiones que se van a financiar con cargo a los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales y los 84.000 millones de euros en préstamos.

Se ha puesto en marcha un proceso de diálogo y consulta con las Comunidades Autónomas, los grupos parlamentarios y los agentes sociales para definir la articulación, los objetivos y el destino de las transferencias y préstamos.

Se contempla destinar las transferencias adicionales al refuerzo de los PERTE, para reforzar la autonomía estratégica en las áreas energética, agroalimentaria, industrial, tecnológica y digital.

Por otro lado, se movilizarán los préstamos, a través de instrumentos financieros como créditos, préstamos, avales o participaciones en capital. Adicionalmente, se creará un Fondo para Inversiones Estratégicas dirigido a las Comunidades Autónomas, que les permitan llevar a cabo políticas públicas de su competencia, tales como vivienda, transporte o economía de los cuidados.